Para alcanzar las metas de la Agenda 2030, el Estado debe destinar recursos suficientes, especialmente en épocas de crisis, para reducir las brechas que impiden a los niños, niñas y adolescentes ejercer plenamente sus derechos.
Esta es la principal conclusión que arroja el estudio Situación de la niñez y adolescencia en el Ecuador, una mirada a través de los ODS, que fue presentado, este 7 de febrero, por el Observatorio Social del Ecuador, con el apoyo de las organizaciones: CARE, ChildFund, Plan International, World Vision y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia -UNICEF.
Una de las alertas que evidencia el informe es el incremento del suicidio en adolescentes. Ocupa actualmente el primer lugar entre las causas de muerte violenta en adolescentes. En este sentido, se recomienda al país conducir un estudio profundo que pueda determinar cuál es el perfil del adolescente en términos de salud mental, con el fin de promover una política pública que pueda prevenir y atender esta problemática.
Otro de los problemas que revela el estudio es el embarazo adolescente, especialmente preocupante es el embarazo en niñas entre 10 y 14 años. Cada semana, un promedio de 40 niñas en este grupo de edad dieron a la luz en 2016.
A esto se suma, la violencia cotidiana que viven los niños en sus hogares y escuelas: 3 de cada 10 niños y niñas aún sufre de castigo físico por parte de sus padres y 1 de cada 4 recibe un trato violento de sus profesores, 1 de cada 5 es víctima de acoso escolar entre pares (bullying).
El consumo de drogas y de alcohol sigue siendo un problema común entre los adolescentes. Casi 3 de cada 10, aseguran haber visto a algún estudiante consumiendo drogas en su colegio o en los alrededores.
En materia de salud, si bien ya se han alcanzado las metas de descenso de la mortalidad materna y neonatal, es necesario doblar esfuerzos para eliminar la desnutrición crónica, detener el sobrepeso y obesidad, poner fin a la transmisión del VIH-SIDA y lograr el acceso universal a la vacunación.
En educación, apenas 1 de cada 5 niños menores de 5 años accede a programas de desarrollo infantil o educación inicial, y existen desafíos para que todos los adolescentes asistan al bachillerato, 3 de cada 10 aún no lo hace. La calidad y la inclusión educativa continúan siendo un reto. Se requiere apoyar a los docentes, incorporar metodologías de aprendizaje que incluyan habilidades para la vida, y el respeto a la diversidad en todas sus formas, así como preservar las lenguas tradicionales.
El trabajo infantil afecta más a la población infantil indígena con una tasa del 26% frente a un 8% a nivel nacional y zonas rurales en un 16%, mientras que en las zonas urbanas llega a 3%.
Una de las conclusiones más sobresalientes del estudio es que en el Ecuador no hay un ente rector responsable de la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. El sistema de protección existente no logra dar respuestas integrales que garanticen el ejercicio de sus derechos.
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